[Columna] Siempre puede ser peor: sobre el carácter antisindical de la agenda de Seguridad del Gobierno

Por CIPSTRA

Observatorio Sindical

Durante las últimas semanas, amparado en un contexto coyuntural de desgaste de la masividad cotidiana en las protestas, y en una retórica que identifica a los manifestantes con los esporádicos y acotados “eventos graves” de violencia, el Gobierno ha presentado dos proyectos de ley que buscan terminar por la fuerza con las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre: (i) el proyecto de protección de infraestructuras críticas por parte de las FFAA; y (ii) el proyecto de ley “antisaqueos”. A pesar del nivel de rechazo transversal al Ejecutivo entre la población, estas dos propuestas parecen tener respaldo en el Congreso, incluso entre los sectores de izquierda de la oposición como se demostró el 4 de diciembre, lo que augura su pronta aprobación.

Aunque se argumenta que estos proyectos buscan detener específicamente la violencia en las protestas, ambos apuntan directamente a reprimir cualquier forma de manifestación que permita ejercer algún tipo de presión y resistencia civil ante el Estado, incluso tratándose de formas pacíficas y no violentas. En este sentido, se puede aseverar que se trata de proyectos que buscan sofocar cualquier forma de movilización, pero lo más grave es que están especialmente diseñados para que el Gobierno de turno cuente con nuevas herramientas para impedir y desarticular incluso con las Fuerzas Armadas cualquier atisbo de huelga parcial o general que implique algún tipo de presión económica y política.

El Proyecto de Ley de Protección de Infraestructuras Críticas

En su última formulación luego del rechazo inicial, se propone una reforma constitucional que faculte al Presidente para decretar que las FFAA puedan proteger por hasta 30 días (prorrogables) determinados lugares e instalaciones. En un comienzo, el foco de las críticas de oposición fue la escandalosa exención penal de los agentes del Estado que participaran, y que sigue siendo un peligro real en tanto su reglamentación recaería en manos del Gobierno.

Sin embargo, hay un elemento de fondo en este proyecto que amerita una urgente consideración de parte del movimiento social y sindical, y que se desprende de la definición de “infraestructura crítica”, entendida como “aquella cuya perturbación en su funcionamiento o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios de utilidad pública de la población, o para el eficaz funcionamiento de los órganos y la Administración del Estado”, incluyendo “la infraestructura energética, redes y sistemas de telecomunicaciones, infraestructura de servicios sanitarios, hospitales, centros de abastecimiento, puertos y aeropuertos. La protección incluye los bienes inmuebles, equipos y sistemas que sean necesarios para el funcionamiento de la infraestructura crítica”.

Como se puede apreciar, se trata de un concepto tan amplio que, en la práctica, significa que el Estado puede intervenir con el Ejército en cualquier tipo de paralización o huelga de trabajadores que se realice en lugares considerados estratégicos, ya sea en términos sectoriales o generales. Esto quiere decir que las organizaciones sindicales podrían verse enfrentadas a personal militar armado con munición letal si el Gobierno así lo dispone, solo para defender su legítimo derecho de huelga. Esto era impensado incluso en Dictadura.

Por si eso fuera poco, especial atención amerita el énfasis que se ha puesto comunicacionalmente por parte del gobierno y parte de la oposición, en que el proyecto no permitiría la restricción de derechos fundamentales como sí lo permiten los estados de excepción. Esto es falso, en tanto la Constitución chilena no garantiza expresamente el derecho fundamental a la huelga, sino que sólo se recoge en tratados internacionales, existiendo un serio riesgo de que ésta se vea afectada sin que se considere una restricción inconstitucional.

El Proyecto de Ley Antisaqueos

Esta propuesta, que por sí sola constituye una afrenta a prácticamente todas las formas de movilización y resistencia civil utilizadas por el pueblo, al amenazar con cárcel por hacer una barricada o tirar piedras, viene a reforzar lo anterior en un sentido estrictamente antisindical. Pese a presentarse como un proyecto que solo buscar poner freno a los saqueos, establece un aumento en las penas desde 541 días hasta 5 años a quienes participen “de un hecho constitutivo de desorden público”. Antes que todo conviene destacar que, como en la mayoría de leyes relativas al orden público, la declaración de cualquier miembro de Carabineros de Chile es prueba suficiente para establecer la participación de un individuo, lo cual convierte esta ley en un arma extremadamente peligrosa en manos de una institución ampliamente cuestionada por su papel en violaciones sistemáticas de derechos humanos antes y durante el estallido social.

Pero el asunto se agrava aún más cuando se analizan las definiciones de “desorden público” que se proponen. Exceptuando aquel que refiere a impedir la circulación de bomberos y ambulancias, todos implican mayores castigos para diversas formas de protesta. Sin embargo, existen dos definiciones especialmente graves, y que apuntan a mutilar la capacidad de huelga y movilización del sindicalismo: la primera refiere a la interrupción de algún servicio público de primera necesidad, como servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones “afectando gravemente su funcionamiento”. La segunda, apunta a aquellas acciones que impliquen el uso o la usurpación de bienes inmuebles de tipo industrial, comercial o agrícolas, públicos o privados.

Resulta del todo evidente que estas dos definiciones, de aprobarse, implican riesgo de cárcel para cualquier organización sindical que haga uso de las formas de acción que tradicionalmente han utilizado los trabajadores. Por un lado, prohíbe y penaliza directamente la huelga en diversos sectores, algunos de ellos estratégicos como el transporte (incluye a los trabajadores del Metro, los Estibadores Portuarios, los sindicatos del transporte público de Santiago y de regiones), atentando también contra la huelga del sector salud en su totalidad, que se ha caracterizado por ser uno de los más involucrados en las protestas. Por otro lado, amenaza con cárcel a cualquier organización sindical que, en el marco de una manifestación ya sea por razones económicas, políticas o de solidaridad, hagan ocupación de su lugar de trabajo. Cabe señalar que no tiene ninguna importancia si esto se matizara, planteando que solo aplicaría la ley cuando se trate de “acciones violentas”, ya que el criterio es de Carabineros y del empresario involucrado, y porque es extremadamente difícil demostrar que una acción de este tipo fue “pacífica”.

La agenda anti sindical amerita una respuesta de los trabajadores

Lo señalado hasta aquí permite aseverar sin ninguna duda que se está ante la arremetida legislativa más represiva de la historia de Chile por lo menos desde 1932. Se rescatan en estos proyectos las fantasías de la ultra derecha fascista, y también los deseos inconfesables de todos los sectores políticos que, en el fondo, buscan que el pueblo no tenga ningún tipo de protagonismo en la toma de decisiones políticas, buscando anular y prescribir todo aquello que no se encauce institucional y pacíficamente de acuerdo a sus propias reglas. De hecho, en estos proyectos se rescatan y amplían extraordinariamente una serie de propuestas que en años anteriores no tuvieron ninguna posibilidad de ser aprobados, tales como la ley anti encapuchados, y la primera definición de “servicios mínimos” aprobada durante la reforma al Código del Trabajo durante el Gobierno de Bachelet, que restringía a tal punto la huelga que la hacía inaplicable en buena parte de la economía, y que tiene a los sindicatos con serios problemas para negociar colectivamente ante la indefinición y contradicciones de la Dirección del Trabajo y los tribunales de justicia.

Por las razones expuestas, y por la gravedad de los proyectos de ley descritos, parece urgente que el movimiento sindical se pronuncie contra ellos por su carácter fundamentalmente antisindical, y que recurra a todas las formas de presión con las que cuenta para exigir su retiro inmediato como parte de cualquier mesa de negociación y diálogo con el Gobierno, recordando que el estallido social que protagoniza el pueblo en Chile responde a un intento de profundización del modelo económico que se arrastra por más de 40 años. No es posible que ahora, luego de más de un mes de históricas manifestaciones y con un apoyo de menos de un 10%, el Ejecutivo logre instalar una agenda que busca quitar del camino el descontento en las calles, y al poder del movimiento sindical en los lugares de trabajo.

Mañana puede ser demasiado tarde.

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